Andres Carrasco Castañeda
Investigador Asociado

Es hora de cambios estructurales en la utilización de bienes de uso público.

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En estos días, se ha hablado mucho sobre la injusticia derivada de los excesivos privilegios de unos pocos y la falta de equidad en nuestro país. En ese sentido se piden medidas con carácter de urgencia, desde la aceleración de una agenda social, hasta un cambio de la constitución política, pasando por mejoras redistributivas. Más allá de lo que  signifique en términos legales y económicos para el país un cambio en cada aspecto de lo que se está evaluando, sea una nueva constitución, creación o modificación de leyes o simples procedimientos formales, lo que se debe procurar es hacer lo correcto, con el mayor sentido de justicia y equilibrio social.

Las cifras que circulan de manera seria muestran que el 1% de la población de mayores ingresos acumula más del 25% del ingreso nacional (CEPAL, 2019), y en términos de patrimonio, dicha concentración podría ser más alta. Por tanto, la riqueza y privilegios están  en manos de un grupo minoritario, y aun cuando eso no es un problema en sí mismo, se convierte en un tema a revisar porque, por otro lado, hay un amplio porcentaje de la población que percibe que no ha progresado en términos de  su riqueza y bienestar, siendo su alternativa más próxima el endeudamiento ante el progresivo encarecimiento del costo de la vida en Chile. Entonces, el problema parece ser la percepción del progreso de unos a costa de otros, y ese sí es un dilema complejo.

Este escenario hace que en la opinión pública se vuelva a instalar con fuerza la aplicación de mayores impuestos progresivos a las personas de mayores ingresos. Dejando de lado este punto, que implica un debate en sí mismo, existe otro aspecto que se ha planteado por distintos actores y del cual no se ha profundizado con fuerza. Estamos hablando de la forma cómo se aprovechan los bienes de uso público, que son de propiedad de todos los chilenos, tales como: los derechos de agua superficiales y subterráneas, los derechos marítimos, las pertenencias mineras, el espectro radioeléctrico, entre otros, son ejemplos de estos bienes.

En este país, a diferencia de muchas naciones donde se licita abiertamente su asignación, la Constitución Política actual avala la distribución de los bienes de uso público a privados bajo el otorgamiento de derechos de concesión, derechos de propiedad, de explotación, u otros, que en la práctica, por el elevado plazo en que se otorgan, por las nulas restricciones para su disposición, por la débil capacidad de fiscalización del Estado hacia esos privados, por los bajos valores de la patentes que se pagan en relación al valor económico de dichos bienes, y por otros factores, prácticamente este mecanismo se transforma en una cesión gratuita a privados (personas naturales o jurídicas). En este sentido, entendiendo que la premisa que se adoptó detrás de este modelo de asignación de bienes de uso público, fue incentivar el uso productivo de este patrimonio nacional, sería muy importante tratar de medir, en términos de productividad u otro parámetro que corresponda, cuán eficiente ha sido el otorgamiento a particulares de estos bienes y si corresponde perpetuar estos derechos al punto, incluso, de ser heredables, aun cuando son reconocidos legalmente como de uso público.

Lejos de los resultados en términos de productividad y de uso eficiente que hayan logrado  ciertos sectores de la economía con el uso de estos bienes de uso público, lo que es posible apreciar a lo largo del tiempo, es que los privados que han sido beneficiados con esta cesión,  han aprovechado su derecho de propiedad sobre dichos bienes como un activo cualquiera, transándose  en mercados secundarios de forma incluso especulativa, como si fuesen activos financieros o por generación bruta de capital, a precios mucho más alto por el cual pagaron al Fisco. Todo esto, bajo la premisa  de dar certeza jurídica a quienes los adquieren para invertir en ellos de manera productiva. Si bien, el problema en sí no es necesariamente el otorgamiento “per se” de estos derechos, concesiones u otros, si puede ser un problema, tal como se mencionó anteriormente, la duración del tiempo por el cual se asigna el derecho al privado, la forma en que se asigna o incluso, por la falta de fiscalización para verificar el cumplimiento de los compromisos de inversiones bajo los cuales se firman los contratos..

Por ejemplo, el año 2017, la Comisión Nacional de Productividad publicó el “Informe de productividad de la Gran Minería del Cobre”, donde, entre otras propuestas, indica que las pertenencias deben ser más específicas conforme a los fines que se otorgan para que se ajuste a la actividad minera, disminuyendo la especulación como parte de la adquisición de estos derechos. Es más, proponen el aumento del monto de la patente anual de las pertenencias mineras en la etapa de exploración y explotación, pero permitiendo una rebaja si es que se realiza inversión o se entrega información geológica.

Ahora bien, cuál es la forma en que se pueden asignar, por cuanto tiempo y bajo qué condiciones se puede tener y/o mantener estos derechos, es parte de la discusión técnica que debemos incentivar de aquí  en adelante, que permita concientizar a los actores privados de  que estamos hablando siempre de   bienes de uso público y, por tanto, si bien pudieron haber sido asignados  a un particular por un periodo de tiempo para que invierta y desarrolle un proyecto productivo que sea atractivo y que agregue valor a la sociedad, nunca se debe olvidar que debe sobreponerse el interés colectivo por sobre el privado, por lo cual dichos bienes deben estar – prioritariamente-disponibles para toda la población en la forma de un producto o factor productivo final, como energía, empleo, recaudación fiscal por explotación, incentivo a la  investigación y desarrollo, por citar algunos. Además, no solamente es necesario también instalar esta premisa, sino que también eliminar totalmente el sentido de perpetuidad que hoy se le da a la mayoría de estos derechos, que  genera inamovilidad en la rotación del uso de estos recursos por parte de los agentes, y por tanto, desincentiva la competencia por incrementar la productividad para beneficio de la sociedad (un buen ejemplo de ello, es el nulo incentivo de las empresas mineras por la exploración). En consecuencia, una medida imperativa es limitar a periodos razonables la asignación de estos derechos, y en contrapartida, exigiendo a cambio por parte del beneficiario, algunos parámetros de desempeño y productividad suficientes si se quiere mantener la concesión del derecho.

Abordar esta problemática requiere de un cambio claramente estructural en nuestro marco  jurídico. Pero a la luz de esta coyuntura social, este aspecto se transforma en un “mínimo exigible” en la agenda de transformación de nuestro modelo. Sin duda, la clase política debe dar señales de avance en esta materia, si es que queremos hablar con sustento de una real mejora en la justicia y equidad social de Chile.

 

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